¿Hasta cuándo?

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Laura Chinchilla y Daniel Ortega, cuando prometieron trabajar juntos por una causa común. Foto de la cuenta de Laura Chinchilla en Flickr

¿Falta de madurez política? ¿Intereses económicos? ¿Xenofobia? ¿Cuál será el motivo de fondo que impide que Costa Rica y Nicaragua encuentren una solución pacífica a su conflicto por el Río San Juan?

Por Mauricio Miranda y Elvis Bustos | Jul 27, 2012

Los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua están obligados a descartar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como instancia para resolver sus conflictos sobre la zona del Río San Juan, y encauzar tales diferencias en el seno de la Comisión Binacional, si pretenden obtener una salida rápida y menos desgastante para ambas partes, instó Mauricio Herdocia, especialista en Derecho Internacional.

Herdocia dijo que en el fuego cruzado de demandas ante la CIJ en el que se encuentran los gobiernos de Laura Chinchilla y Daniel Ortega, “no hay ganadores, sólo perdedores”.

Señaló que la batalla legal dirigida desde San José y Managua, no solamente “afectan y contaminan” la relación binacional, sino el proceso centroamericano de integración.

“El elemento de fondo es que los dos países no se han sentado a dialogar bilateralmente. Hay un vacío en la relación bilateral, que hace, que los dos estados tengan que estar recurriendo constantemente a los organismos o foros internacionales”, lamentó. 

“Es la hora de que Costa Rica y Nicaragua pongan en la mesa de negociaciones los diferentes asuntos que los separan y trabajen de una manera franca y constructiva”, sostuvo.

Sentencia de 2009 no resolvió el conflicto

Una mesa de negociación, que según él, debió establecerse apenas conocido el fallo del 13 de julio de 2009 emitido por la CIJ, que estableció la plena soberanía nicaragüense sobre las aguas del Río San Juan, y el derecho costarricense de navegación con fines comerciales, transporte de pasajeros y turistas en los 140 kilómetros del cauce fluvial en los que el río transcurre en la frontera entre ambos países.

Tras conocerse el fallo, analistas, sectores de la población de ambos países y aún la comunidad internacional, esperaban la “des-sanjuanización” de las relaciones diplomáticas, poniendo fin a un capítulo cargado de tensiones y amenazas.

Inclusive, algunos meses después, en abril de 2010, el presidente Daniel Ortega y Laura Chinchilla --quien asumiría  el gobierno costarricense en mayo de ese año--, acordaron conformar mesas trabajo en las áreas de turismo, medio ambiente y combate al narcotráfico y al crimen organizado, en el marco de la Comisión Binacional.  

El encuentro estaba previsto para noviembre de ese año, pero el conflicto por las operaciones de dragado explotó en octubre. El camino hacia las buenas relaciones nuevamente se desdibujaba.

¿Se impusieron los intereses políticos?

Un análisis preparado por el Real Instituto Elcano, una fundación privada española que elabora estudios y foros sobre temas de actualidad, señaló que “lo que empezó como un conflicto bilateral en torno a los posibles daños medioambientales –Costa Rica acusaba a Nicaragua de contaminar su territorio con sedimentos--, se fue enredando con el inicio de acusaciones mutuas de incursiones en territorio ajeno y alusiones a la presencia de narcotraficantes en el área de conflicto”.

Primero vino la denuncia de Costa Rica, acusando a Nicaragua de invadir militarmente su territorio en la zona conocida como Harbour Head o Islas Portillos; y posteriormente, su reclamo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para obtener una condena internacional sobre el gobierno del presidente Ortega.  

Curiosamente, uno de los principales argumentos del gobierno en San José para impedir las obras de dragado ordenadas por Ortega en el Río San Juan, era el supuesto daño ambiental provocado en su territorio, argumento que luego se revertiría en su contra de manera dramática, con la construcción de una carretera paralela al río.

Según el análisis del Real Instituto Elcano, la mayoría de los expertos coincidieron en que la crisis “se ha sobredimensionado” por propósitos políticos y hasta electorales.

“La apelación al nacionalismo también es un fenómeno visible en Costa Rica, donde la presidenta Chinchilla también espera bajar el tono de la conflictividad interna gracias a la instrumentalización del conflicto”, señala el documento.

El Instituto destacó otros dos aspectos alrededor del conflicto: “la debilidad de la OEA y su escasa capacidad resolutiva” para intermediar entre ambos países, así como el “bajo perfil” asumido por Estados Unidos “para no aparecer tomando postura por uno de los contendientes”.

¿Razón de fondo es el canal interoceánico? 

Los investigadores Carlos Malamud y Carlota García, autores del análisis del Real Instituto Ecano, no perdieron de vista el interés económico que estarían persiguiendo los socios del presidente Daniel Ortega, y el mandatario mismo.

Particularmente señalaron que la draga que realiza las labores de limpieza del lecho en el Río San Juan exhibe el rótulo de Albanisa, la empresa mixta de petróleo de Venezuela y Nicaragua, la cual tiene “fines eminentemente políticos, que busca garantizar el abastecimiento de hidrocarburos a los países del Caribe y América Central”.

“La cuestión va más allá y vale la pena preguntarse ¿qué busca el ALBA en la zona? Uno de sus objetivos estratégicos es la construcción de un canal interoceánico, un viejo proyecto que Ortega acarició en la década de 1980, tras el triunfo de la Revolución Sandinista”, señalan los investigadores.  

Valoraron que Ortega “trató de sacar adelante su propuesta con el auxilio de empresas de Japón y Brasil. La idea la volvió a defender recientemente, esta vez con el apoyo de Venezuela e Irán y de otros países que también puedan apoyar la iniciativa. Se trataría de un canal más moderno que el de Panamá y evitaría el atascamiento de este último”.

Casualmente, esta semana, se conoció que Nicaragua autorizó al consorcio holandés Royal Haskoning-DHV y Ecorys a realizar estudios de prefactibilidad para la construcción de un canal interoceánico a través del río San Juan.

Según la cancillería nicaragüense, los estudios tienen un costo de 720 mil dólares para una duración de seis meses y medio “para determinar la viabilidad de la ruta del río San Juan”.

“La carretera, un episodio lamentable”

Mauricio Herdocia,  se refirió, por otro lado, al daño ambiental provocado por el gobierno costarricense con la construcción de una carretera de 160 kilómetros a lo largo del río, quizá el reflejo más concreto del costo del conflicto.

“La carretera siempre estuvo destinada a constituir un episodio realmente lamentable”, dijo.  “La carretera no solo significó una afectación transfronteriza al Río San Juan de Nicaragua y al territorio nicaragüense, sino que significó una afectación profunda al medioambiente en la misma Costa Rica”, añadió. 

Para Mauricio Díaz, diputado por Nicaragua ante el Parlamento Centroamericano, la construcción “desordenada” de dicha obra ha sido uno de los peores errores de Chinchilla en su administración.

“A mí me parece que hasta el momento sí es uno de los errores más graves, porque no tenía ningún sentido, ninguna utilidad ni justificación haber actuado de esa manera”, señaló. 

Sostuvo que “hasta este día, quien ha llevado las de perder ha sido el gobierno de Costa Rica, porque internacionalmente Nicaragua ha demostrado que ésta ha actuado irresponsablemente y que ha venido deteriorando el Río San Juan”, aseveró. 

 

¿Perdió la batalla Costa Rica?

Por Elvis Bustos

Lo que debía convertirse en una categórica victoria diplomática de Costa Rica sobre Nicaragua, según los cálculos del gobierno de la presidenta Laura Chinchilla, se le ha revertido en un espinoso, vergonzoso y crítico asunto de Estado.

La propia mandataria admitió sentirse “profundamente indignada” cuando se confirmó que Francisco Jiménez, ministro de Transporte de su país, así como otros funcionarios, cometieron ilegalidades en la contratación de las empresas que llevarían a cabo la obra.

A continuación presentamos una cronología del conflicto, en el cual el gobierno de Chinchilla embistió con todos los instrumentos legales que tuvo a la mano contra Nicaragua, para, al final, tener que admitir sus errores y excesos, cuyo costo ambiental y político aún resulta difícil de cuantificar.

- “Se me paran los pelos de la emoción porque esto es histórico”. Con estas palabras, Edén Pastora Gómez, celebró el lunes 18 de octubre de 2010, el inicio de las operaciones de dragado en el Río San Juan, que él mismo encabezó.

- El 21 de octubre de 2010, Costa Rica demanda a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Holanda, por supuestamente invadir su territorio y causar daños a un humedal fronterizo con el dragado.

 - Tras escuchar también los alegatos de Nicaragua, la CIJ dicta medidas cautelares: El dragado puede continuar, pero ambos países deben abstenerse de enviar personal militar a la zona del conflicto.

- Octubre 2011. Ante la inconformidad por dragado al Rio San Juan, el gobierno de Costa  Rica, inicia la construcción de una carretera de 160 kilómetros a la orilla de dicho río.  El conflicto vuelve a subir de tono.

- El  23 de diciembre de 2011, el gobierno nicaragüense abre un nuevo capítulo del conflicto con Costa Rica al demandarla ante la CIJ por los daños ambientales causados al río.

- Antes de presentar la demanda en la Haya, Nicaragua, el 29 de noviembre de 2011, pidió a la Convención Internacional sobre Humedales (Ramsar) enviar una misión para verificar la "destrucción" que supuestamente ocasiona la obra.

- También, el 6 de diciembre, otras dos organizaciones ambientales nicaragüenses demandaron a Costa Rica ante la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Ante esta demanda, Costa Rica no reconoció la jurisprudencia de la CCJ, que el 19 de diciembre admitió la demanda.

- El 15 de diciembre, la Sala Constitucional de Costa Rica acogió un recurso de amparo presentado por la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas y la “Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz” --ambas costarricenses-- en contra de la carretera. Meses después el amparo es rechazado.

- El 28 de marzo de este año,  el Foro Nacional de Reciclaje (Fonare) y la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic), presentaron ante la CCJ, el informe final de un estudio que realizaron sobre los daños causados al San Juan de Nicaragua por la construcción de la carretera tica a orillas del río.

- “Condénese al Estado de Costa Rica por haber incurrido en responsabilidad por los daños ecológicos y conexos en el Río San Juan de Nicaragua, así como al ecosistema compartido, parte del Corredor Biológico Centroamericano”, reza la sentencia con la que la CCJ respondió a la demanda interpuesta por organizaciones nicaragüenses en diciembre de 2011.

- En la sentencia sobresale que Costa Rica construyó una obra “de alto riesgo y peligrosidad ambiental”,  y que “expone la cuenca compartida y el ecosistema común que tiene con Nicaragua y la región a daños graves e impredecibles”.

- El fallo de la CCJ ordena a Costa Rica a suspender la obra “de manera definitiva”.

- El 4 de julio de este año, Costa Rica anuncia su salida del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

- En el caso de la demanda interpuesta ante la CIJ, en La Haya, Nicaragua tiene hasta el 19 de diciembre de este año para presentar su memoria y Costa Rica hasta el 13 de diciembre de 2013 para presentar sus argumentos jurídicos en una contra-memoria.


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