Demandan Código de Familia con enfoque de derechos

Nacionales

Diversas organizaciones lograron realizar un foro para debatir y hacer propuestas al Código de Familia, el que se discute en lo particular en la Asamblea Nacional. Demandan inclusión de los diversos sectores en la ley y mayor consulta a la ciudadanía

Por Nery García | Jul 26, 2012

La demanda para que el Código de Familia contenga un enfoque de derechos humanos y no religioso, basado en el artículo 14 de la Constitución Política, fue el planteamiento que primó en el foro “Alcances y Desafíos del Código de la Familia en Nicaragua” que diversas organizaciones realizaron este miércoles en un hotel capitalino. 

Ese Código fue aprobado en lo general el 22 de marzo reciente por los diputados ante la Asamblea Nacional, y hasta la fecha han sido aprobados cerca de 220 artículos (de casi 650 artículos), recordó Silvia Gutiérrez, diputada suplente por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

En su exposición, María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, dijo que uno de los desafíos para esa organización es que el concepto de familia no puede ser anacrónico, al encasillarlo en una definición singular en la que se incluye únicamente a heterosexuales (hombre y mujer como pareja) con la función de reproducción. 

Con ese planteamiento también se mostró de acuerdo en su ponencia, Marvin Mayorga, de la Iniciativa Desde la Diversidad Sexual por los Derechos Humanos (Idsdh), al referirse las contradicciones que existen en el mismo Código.

 A manera de ejemplo, Mayorga señaló que el artículo tres del Código precisa que todos los nicaragüenses tienen derechos a constituir una familia, sin embargo se cercena cuando a través de los artículos 31, 47 y 78 se involucra en la familia, matrimonio o unión de hecho estable sólo a un hombre y una mujer heterosexual. “Nosotros observamos que no se respeta el principio de igualdad que está garantizado en la Constitución”, agregó.

Código “excluyente, peyorativo y neoliberal”

Wendy Soto, presidenta de la Red de Abogadas de la Costa Caribe, aseguró que para la consulta del Código ni siquiera la hicieron en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte (RAAN), por lo que asevera se siente excluidos. Eso a pesar de que en el caso de la red en la que trabaja promueven la inclusión de las mujeres, conoce de cerca la violencia en contra de ellas y ayudan a mujeres que conviven con violencia.

David López, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feconori), se quejó de términos peyorativos que están expuestos en el dictamen del Código en contra de las personas con discapacidad. Esencialmente se refiere al término incapacitado o incapaz que se hacen evidente a partir del artículo 390.

“Nosotros somos personas con discapacidad y no incapacitados”, reiteró López, luego de explicar que así se señala en la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 763) y otras normas internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de cuya legislación Nicaragua es firmante, según el Acuerdo Presidencial número 180 – 2007, aprobado el 28 de marzo del año 2007.

Por eso insistió en que cuando se habla de incapacitado o mayor incapaz se acentúa la idea de que las personas que tienen alguna limitación son inútiles y no productivas, por lo tanto se promueve la discriminación. Sin embargo, a diferencia de las organizaciones de la diversidad sexual, las personas con discapacidad han sido atendidas por diputados, quienes según López, prometieron corregir los términos señalados.

Por su parte, Blandón añade que el Código tiene una visión centralista, autoritaria, interventora, conservadora y hasta neoliberal. Eso debido a que esa legislación “invade” los derechos individuales de los ciudadanos como el de la privacidad, además que contraviene artículo 14 de la Constitución que dice que el Estado es laico, pero, también, porque los jueces tienen la potestad de declarar “incapaces”, a pesar de la “maraña del poder judicial”.

Blandón argumenta que el Código es neoliberal porque también obliga a los padres y las madres de familia a mantener a sus hijos hasta los 24 años, cuando los niveles de pobreza en Nicaragua apenas se han reducido en dos puntos porcentuales respecto a los niveles de pobres y pobreza extrema, respectivamente.

No obstante, el Código no responsabiliza “al Estado incrementar progresiva y sostenidamente los presupuestos de salud, educación, vivienda, nutrición… para asegurar que los padres y madres de familias nicaragüenses jueguen un rol efectivo de protección a su familia”.

Diputados deber asegurar presupuesto

La doctora Auxiliadora Meza, quien ha estado involucrada en la promoción del Código de Familia desde el primer esfuerzo en 1994, sostuvo en su exposición la importancia de que los diputados no solamente aprueben en lo particular el Código, sino que también, a través del Presupuesto General de la República, se brinden los fondos suficientes para que funcione de forma efectiva lo aprobado en el papel.

Como primer desafío de la aprobación en lo particular del Código, Meza señala que los diputados escuchen y adopten las demandas sociales para que esa normativa sea inclusiva y no discriminatoria. Por ejemplo señaló que el derecho a la adopción no es igualatorio para todos, y también insistió en la responsabilidad del Estado de asumir su rol y no de entregar la carga fundamentalmente a los “hombros de la familia”.

La diputada suplente del MRS, Silvia Gutiérrez, se comprometió en hacer mayor incidencia con las demandas planteados en el foro. Aseguró que incluso, ya hubo un acuerdo entre los diputados de eliminar el inciso del artículo 299 del Código que señala que las adolescentes embarazadas menores de 18 y mayores de 16 años pueden emanciparse.

“No es legítima una aprobación de un Código que no sea producto y consecuencia de un amplio proceso de debate, de negociación, de concertación y de acuerdo los más incluyente posible para que ningún individuo se sienta o sea vulnerado sus derechos colectivos e individual”, dijo Blandón.

En ese sentido, la diputada invitó a los asistentes a presentar propuestas de mociones, como por ejemplo lo que debería de decir el Código cuando existe abuso sexual en la familia por parte del progenitor, porque es vital que se incorpore. Además, exhortó a seguir demandando como ciudadanos la promoción y cumplimientos de sus derechos.

 

 

 

 

 

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