Un Código de Familia oportuno

Social

Antonia Torres con una de sus dos hijas. Foto: Cortesía / Conexiones

La entrada en vigencia de un Código de Familia que ha sido postergado desde 1994 vendría a fortalecer en un sólo cuerpo jurídico, los derechos y deberes que tienen las familias nicaragüenses, sin embargo, hace falta “revisar con lupa” algunos detalles, que no pueden pasar desapercibidos, coinciden expertos en el tema.

Por Nery García | Jun 18, 2012

Todos le dicen “abuelita Toñita”. Su nombre, Antonia Torres, ha quedado en desuso. Esta mujer esteliana que recién cumplió los 73 años no sabe leer ni escribir, pero sabe dar amor y repartir sabiduría de su boca. Hija de madre viuda y hermana de 11 “chigüines” (como dice ella), supo enfrentarse a los desaires de la vida y formar una familia jugando el rol de madre soltera de dos hijas, ahora convertidas en profesionales. Ahora es abuela de muchos y experta de la vida.

Esa historia, en donde la mujer juega un rol protagónico no es ajena a la realidad nicaragüense, dice Auxiliadora Meza, especialista en derecho de familia y una las profesionales que se involucró en el proceso de dictamen del Código de Familia, aprobado en lo general por los diputados ante la Asamblea Nacional el 22 de marzo de 2012.

Ella tiene razón. De acuerdo a la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (Fideg) -- organización especializada en estudios socioeconómicos --, hasta el 2009, por cada 100 familias, al menos 33 estaban encabezadas por una mujer. Y en relación a 1995 la cifra había aumentado porque para ese año eran 27 familias, por cada 100, en donde la mujer estaba al frente.

Concepto de familia

Por eso, cuando en mayo reciente se discutía en el plenario de la Asamblea Nacional el concepto de familia (artículo 31 del Código), se generó una seria discusión sobre lo que sería la concepción de una familia. Pues en el artículo del proyecto de ley, aprobado en lo general, se señala que una familia está compuesta por la unión del matrimonio o unión de hecho, y vínculos de parentesco.

A inicios de mayo, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Irma Dávila, dijo a los medios de comunicación que el concepto de familia que se aprobó en lo particular en el seno del parlamento, no sólo constituye a las parejas (hombre y mujer) casadas o unión de hecho, sino también a las madres solteras y padres solteros que viven con sus hijos.

El artículo 31 quedó establecido, en lo particular, en que la familia está constituida por el matrimonio o unión de hecho estable entre un hombre y una mujer y vínculos de parentesco. Y en el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen derecho a preservar, mantener y promover sus propios sistemas de familia.

“El Estado reconocerá, respetará y protegerá las distintas formas de familia indígena y afrodescendiente en particular la familia extensa”, es lo que dice parte de la moción aprobada.

En el Código de Familia se recalca también sobre la responsabilidad de parte del Estado de proteger la constitución del patrimonio familiar y la igualdad de derechos, deberes y oportunidades en las relaciones del hombre y la mujer, la promoción de la igualdad, la protección del matrimonio y de la unión de hecho estable, así como también atender el interés superior de la niñez y la adolescencia.

¿Concepto de familia debe ampliarse?

María José Blanco se graduó de licenciada en trabajo social y en los últimos tres años ha acumulado experiencia en metodología e intervención en familia y vida cotidiana. Ella cree que el concepto tradicional de familia en la actualidad debe ampliarse y no limitarse a la constitución de un hombre, una mujer y su vínculo de parentesco.

“Nos encontramos con estructuras (de familias) actuales donde a veces sólo están los hijos, las abuelitas con los nietos, pero tal vez el núcleo central, el hombre y la mujer que procrearon no están. También hay personas que están considerando vivir en soltería, con su mascota, con sus amigos”, agrega Blanco, quien también tiene un máster en psicología infantil.

En ese sentido de ampliar la familia nicaragüense, organizaciones de la Diversidad Sexual (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) han sido constantes en sus protestas para que el Estado les reconozca como familia. Y es que el Código de Familia es claro al precisar en los artículos 47 y 78 que un matrimonio o unión de hecho estable está constituida por un hombre y una mujer.

Martha Villareal, integrante del grupo de Mujeres Lesbianas de Nicaragua “Safo”, exige a los diputados que se cumpla el principio que “todos son iguales ante la ley” al integrar a las personas de la Diversidad Sexual en el Código de Familia. Al igual que las personas heterosexuales tenemos derecho a formar una familia y gozar de los beneficios y la protección del Estado”, reitera en un plantón, frente a las instalaciones de la Asamblea.

Jorge López, miembro de la Diversidad Sexual y de la Red de Desarrollo Sostenible coincide con Villareal en que los prejuicios continúan, al no discutirse la inclusión de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el Código de Familia como un asunto de derechos humanos, debido a la influencia que ejerce sobre los diputados la Iglesia, que se opone a sus demandas al argumentar dogmas religiosos.

Sin embargo, los diputados ante la Asamblea insisten en que el Código de Familia está acorde con la Constitución Política, al recordar el artículo 72 de la carta magna que precisa que “el matrimonio y la unión de hecho estable… descansan en el acuerdo voluntario del hombre y la mujer”.

En ese aspecto, Meza recuerda que también el artículo tres del Código de Familia dice que todas las personas tienen derecho a la familia. “Las personas de la diversidad sexual merecen ser reconocidos aun cuando en nuestro país no tenga un asidero legal”, refiere la estudiosa del derecho de familia.

Personas con discapacidad y adultos mayores

Rosa Montano, secretaría de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feconori), asevera que el Código de Familia contiene términos peyorativos que no son congruentes con la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 763) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“Vemos que el principio de la no discriminación no está contemplado dentro del Código”, se queja Montano, quien rememora que en el dictamen se sigue señalando el término de “incapaces” o “incapacitados”, y tampoco se deja claro qué se entiende por “incapacidad jurídica”, referida en el capítulo cuarto.

Según la Convención que menciona Montano, en su artículo tres se precisa que la No Discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas de la sociedad, y el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana, son principios generales de esa legislación internacional, y de la que Nicaragua es firmante, según el Acuerdo Presidencial número 180 – 2007, aprobado el 28 de marzo del año 2007.

De igual forma se señala en el Código de Familia el término peyorativo de “mayores incapaces”, al referirse a las personas mayores de 60 años en la que queda a criterio del juez declararlo o no “mayor incapaz”, sin señalar a qué específicamente se refiere; y se les delega la responsabilidad de su cuido exclusivamente a los hijos, de acuerdo al artículo 265.

En el capitulo dos, del libro quinto de “La Personas Adultas Mayores”, se refiere a otras responsabilidades de instituciones no gubernamentales. El papel del Estado, según el artículo 428 es “brindar protección especial a la persona adulta mayor a través de políticas públicas, estrategias y programas en los servicios de seguridad social, salud, educación, vivienda, empleo y servicios sociales personales”.

No obstante, Blanco dice que la forma en que está redactado ese artículo, no deja claro la responsabilidad del Estado al no explicar mecanismos precisos que promuevan esas políticas públicas para el goce pleno de los derechos de los adultos mayores, y se le deja esa responsabilidad al núcleo de la familia sin que el Estado se obligue de brindarles herramientas necesarias para garantizar su bienestar.

Niñez y Adolescencia

Hazel Vaughan, coordinadora del Programa Protección Infantil de Save The Children Nicaragua, aplaude al igual que los anteriores entrevistados la iniciativa del Código de Familia, al recordar que se trata de incorporar todas las leyes o normas jurídicas que competen a la familia nicaragüense, y en particular en la que promueve y protege los derechos y deberes de la niñez nicaragüense.

A manera de ejemplo, Vaughan aseguró que con el apoyo de varias organizaciones, encabezado por la Federación Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabaja con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), lograron que el Código de Familia no incluyera el castigo físico y que se adoptaran otras medidas en donde no se ponga en riesgo la integridad física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes.

Ella se refiere a artículo 277 del Código de Familia en donde se lee que los padres o miembros de la familia tienen la responsabilidad de dar orientaciones apropiados a los niños, niñas y adolescentes, pero “bajo ninguna circunstancias se utilizará el castigo físico o cualquier tipo de trato humillante como forma de corrección o disciplina”.

Debe haber más consulta

En ese mismo artículo se le entrega responsabilidad al Ministerio de la Familia (Mifamilia) para que se encargue de promover “formas de disciplina positivas, participativas y no violentas, que sean alternativas al castigo físico y otras formas de trato humillante”.

Silvio Gutiérrez, director ejecutivo de Fe y Alegría Nicaragua, reitera en que el rol del Estado también debe enfocarse en garantizar el futuro de la niñez al invertir en el sistema educativo nacional y apostar en la calidad del mismo, de manera que se les garantice a los chavalos y chavalas de forma efectiva el acceso a la educación.

Ante ese escenario en donde todavía existen críticas para mejorar el Código de Familia, y ante la importancia que tiene esa ley para las familias, Gutiérrez coincide con Rosa Montano, secretaría de Feconori y María José Blanco, especialista en Metodología e Intervención en familia, en que los diputados ante la Asamblea deben promover más procesos de consulta y no apresurar a aprobar en lo particular la legislación.

De igual forma, algunos entrevistados consideran que deben analizar con mayor detenimiento la creación de la Procuraduría Especial de la Familia -- instancia que pretende conocer, opinar y dictaminar en todos los asuntos de familia --, para buscar un consenso entre la pertinencia de esa instancia, debido a quienes señalan que sería más importante definir responsabilidades y recursos a organismos existentes.

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