Mujeres conmemoran su día resaltando sus avances y demandas

Mujeres que presidieron el Foro previo al día internacional de la mujer. Organizado por el PIEG y el organismo Ipas Centroamerica. Foto de Nelson Rodríguez/Conexiones

Mujeres hacen recuento de sus avances y de sus principales demandas de cara a la conmemoración del 8 de marzo, Día internacional de la Mujer.

Por Nelson Rodríguez | Mar 07, 2012

Uno de los principales avances ha sido la aprobación y publicación de la ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Ley Número 779, coinciden varias organizaciones de mujeres de Nicaragua consultadas, pero también sostienen que uno de los mayores retos será velar por su cumplimiento.

Aún con la aprobación de esta Ley, la violencia contra la mujeres no se detiene, hasta el 7 de marzo del presente año, 15 mujeres han sido asesinadas en todo el país, por sus esposos, parejas y ex –parejas, principalmente en Managua, Matagalpa, Jinotega, Región Autónoma del Atlántico Sur, León y Rivas, según el monitoreo de medios de la Red de Mujeres Contra la violencia.

Las organizaciones de mujeres consultadas esperan que con la aplicación de esta Ley se disminuya la violencia contra las mujeres, que haya una mejor  atención “que nos den respuesta expedita como lo establece el Código Penal, que atiendan  con calidez, con humanidad y respeto a los  derechos humanos, que no se re victimice y que la resolución sea la adecuada”, dijo María Elena Domínguez, enlace de la Comisión Coordinadora de la Red de Mujeres Contra la Violencia.

La creación de la Procuraduría de la Mujer, Procuraduría de la Diversidad Sexual, las Comisarías de la Mujer y la Niñez, las políticas del Estado  inspiradas en las normas y protocolos de tratados internacionales a favor de las mujeres, son otros avances significativos para las mujeres, dijo Martha María Blandón, directora del organismo IPAS Centroamérica.

Nicaragua ha sido destacada en el Mapa Mundial de Participación Política de las Mujeres, de la Organización de Naciones Unidas ONU, dijo Ligia Arana, Directora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género PIEG de la Universidad Centroamericana, al destacar como un avance que las mujeres ocupen el 40% de participación en la legislatura actual del Parlamento Nacional.

Arana defendió que es un gran logro en términos de participación política tener esa representación en la Asamblea Nacional, aunque algunos critiquen que ellas responden a los intereses de los partidos políticos y no necesariamente a la agenda de los derechos humanos de las mujeres.  “Quienes expresan eso, están utilizando  los mismos argumentos para descalificar a las mujeres… Entonces los hombres tampoco representan a los hombres. No quisiera pensar que son las mujeres  las que están  utilizando ese argumento, porque todos fueron electos por los partidos políticos, porque no hay organizaciones civiles que elijan,  son los partidos políticos”, sostuvo Arana.

Es muy prematura la actual legislatura iniciada en enero del presente año para evaluar el desempeño de las mujeres en ese foro político, dijo la académica Arana, al agregar que esas afirmaciones negativas contra las mujeres están ancladas más en posturas  políticas que en  posiciones feministas.

La catedrática universitaria sostiene que en Nicaragua “hemos avanzado, pero necesitamos avanzar más en términos económicos, de posicionamiento como sujetas económicas, sujetas políticas, ser reconocidas no solo por el estado sino por la empresa privada, que no haya segregación vertical que los puestos más  altos no sean solo de hombres”.

En términos estadísticos la participación de las mujeres en puestos de poder,  “no estamos mal, el problema es cuando esas mujeres obedecen a los intereses de los partidos políticos y no a las prioridades de los ejercicios de derechos de las mujeres como se espera de ellas, por ser mujer no necesariamente están sensibilizadas, hay mucho trabajo que hacer con hombres y mujeres que están en puestos de poder, donde se toman decisiones muy importantes para la población” sostuvo Martha María Blandón.

Hace falta que el Estado priorice los temas de salud de las mujeres, los problemas de muertes maternas, la violencia sexual, el feminicidio, que  haya una actuación del Estado basada en derechos humanos y normativas jurídicas no basadas en creencias personales, se requiere mayor educación y oportunidades para la juventud, más presupuesto para la atención a las mujeres en educación y salud, dijo Blandón.

También las mujeres organizadas exigen participación en las Comisiones de Trabajo Territorial, que sean tomadas en cuenta con vos y voto, “no solo para aparecer en los informes oficiales de que fuimos llamadas cuando en realidad no nos dejan participar”, dijo María Elena Domínguez.

Otra demanda al Estado la tienen las  mujeres rurales, se trata de la implementación de la Ley 717 que manda al Poder Ejecutivo a crear un fondo de crédito para financiar a las mujeres con la compra de tierras hasta un máximo de 5 manzanas, tomando en cuenta que el 52% de la población nicaragüense está compuesta por mujeres y de éstas, el 51% viven en las zonas rurales.

Se necesita que el Estado asigne el presupuesto para este fondo que será administrado por el Banco Produzcamos, esta es una demanda que “tenemos las mujeres rurales desde hace dos años en que se aprobó la ley”, dijo María Teresa Fernández, presidenta ejecutiva de la  Coordinadora de Mujeres Rurales.

Sobre el anuncio del presidente de la república  Daniel Ortega de enviar una propuesta de reforma a la Ley de municipios para que haya un 50% de candidatas en las próximas elecciones, “no es nada nuevo realmente esa propuesta de tener cuotas en los espacios de poder es vieja, no basta solo nombrar mujeres, realmente es necesario que esas  mujeres hagan avanzar la agenda de los derechos de las mujeres”, dijo la directora de IPAS Centroamérica.

La Red de Mujeres Contra la Violencia al igual que Ipas Centroamérica y Amnistía Internacional continúan demandando al estado de Nicaragua que ratifique el Protocolo Facultativo de la CEDAW y  se despenalice el aborto terapéutico, eliminado en el 2006 por el parlamento nacional atendiendo solicitudes de las iglesias y de organismo pro vida que señalaban que con esta figura se estaban cometiendo abusos y otros tipos de abortos en Nicaragua.

“No somos abortista, demandamos a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre los recursos por inconstitucionalidad, exigimos que se nos restituya el derecho al aborto terapéutico, que sirve para salvar vidas, porque hay muertes maternas, lo que pasa que se ocultan cifras, nadie habla de eso, pero se siguen muriendo mujeres por falta de eso”, dijo María Elena Domínguez.

* El autor es instructor de la Red de Radios Locales de la UCA.

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